Un total de 17 de los 24 gobiernos provinciales manejan recursos públicos sobre los que no rinden cuentas. Si bien, por lo general, son fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones criminales, existen otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mismos mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos. Así surge de una investigación a nivel nacional sobre el uso de fondos reservados en las administraciones provinciales y a nivel nacional llevada adelante por la red federal RUIDO.
Por lo general, los gastos reservados aparecen en los presupuestos bajo el ítem “Servicios no personales”, que en algunos casos sirve para ocultar partidas cuyo destino se desconoce. Si bien suelen estar previstos por ley por razones de “confidencialidad” -como temas de seguridad e inteligencia-, en la práctica se pueden usar también con otro fines a los previstos originalmente, en forma discrecional, ya que no tienen el control de los organismos respectivos o de las Legislaturas locales.
La falta de controles es un factor que puede propiciar casos de corrupción y alentar la discrecionalidad de los gobernantes. Y si bien el reclamo de transparencia de sectores políticos y de la sociedad civil llevó a que tiendan a desaparecer, según el relevamiento de Ruido, aún siguen existiendo. “Se debe partir de la premisa que la existencia de gastos reservados es, de por sí, contraria al sistema de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional. El sistema representativo y republicano implica ciertas garantías a la sociedad, no sólo en cuanto a la adecuada administración de los recursos públicos, sino sobre la obligación por parte de las autoridades de establecer los más eficientes mecanismos de rendición de cuentas”, advirtió Germán Emanuele, consultor experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad, consultado por Ruido.
Ex director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano, consideró que los gastos reservados debieran estar afectados “a cuestiones específicas, ser sometidos a los máximos controles por parte de los órganos de auditoría (tanto internas como externas) y cumplir con las garantías consagradas en las normas de acceso a la información pública, en lo que respecta a su difusión y rendición de cuentas”.
Once provincias argentinas de todos los colores políticos aún tienen gastos reservados. Las manejadas por el oficialismo son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis; por fuerzas aliadas, Salta, Río Negro y Chubut; las gobernadas por el radicalismo son Jujuy y Mendoza; y Córdoba, en manos del peronismo disidente.
En seis de ellas – al igual que en otra media docena- existen, además, otros tipos de fondos que no rinden cuentas. Según relevó Ruido, se utilizan figuras jurídicas como “fiduciarias”, “agencias” o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública, con la intervención de Tribunales de Cuentas locales. Es el caso de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Catamarca, San Juan, Misiones, Neuquén y Santa Cruz.
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