“Ya me bajaron la orden de no apelar, cualquier cambio de rumbo le aviso”. La frase forma parte de los diálogos que tuvieron un grupo de funcionarios que acaban de quedar procesados por incumplimiento de sus deberes, por no haber intentado dar una pelea legal frente a la entrega de tierras a grupos mapuches en los alrededores de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña, en un fallo al que accedió Infobae en el que se advirtió que con esta maniobra se “dejó en estado de indefensión al Ejército Argentino”.
Los jueces ordenaron averiguar si eso respondió a una orden de las máximas autoridades de Defensa y de la Procuración General de la Nación. El fallo expone además una paradoja: precisamente los únicos que con este escenario podían haber apelado era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo que, desde el Estado, representa a los mapuches y obviamente no lo hizo.
