A raíz de que sus abogados denunciaron nuevas “amenazas” de la agrupación Revolución Federal hacia Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió reforzar la seguridad de la vicepresidenta.
El fiscal dictaminó tras ser consultado al respecto por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que tiene a su cargo la causa contra miembros de Revolución Federal, informaron a Télam fuentes judiciales.
Pollicita consideró en su dictamen que debe informarse al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se tomen “los recaudos” que se consideren necesarios en relación a la seguridad de la ex Presidenta.
Además, el fiscal le pidió al juez medidas de prueba en la causa para preservar los mensajes denunciados por los abogados de la Vicepresidenta.
Las medidas habían sido pedidas “de manera urgente” por los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes reclamaron esta semana además que se garantice la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, al menos, en lo que hace a las amenazas de “Revolución Federal”
Los abogados reclamaron e insistieron ante el juez por el “inmediato secuestro del celular de Leonardo Sosa, con el fin de conocer el entramado que dio lugar al retorno de la agrupación Revolución Federal, cuyo único fin ha sido desplegar la violencia política”.
En ese sentodo, pidieron que se lo cite a ampliar su declaración indagatoria ante este nuevo hecho denunciado y “que se realice un relevamiento de las redes sociales de todos los miembros de Revolución Federal”.
“Es necesario, que, con carácter de urgente, tome medidas sobre Leonardo Sosa que permitan desbaratar un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo y sobre Cristina Fernández de Kirchner”, agregaron los abogados de la Vicepresidenta, que es querellante en esta causa.
El fiscal reconoció tácitamente la eventual vinculación de Revolución Federal, con el atentado contra la vicepresidenta, al señalar “la existencia de un riesgo cierto de que los mensajes de la agrupación se traduzcan en la comisión de conductas penalmente relevantes”.
