El Gobierno evalúa sancionar por decreto cambios en leyes para combatir el lavado de activos

La iniciativa estaba lista para ser aprobada la semana próxima en el Senado y mostrar avances ante la inminente evaluación del GAFI. Quejas de la oposición anti K que ayudó a apurar el dictamen.

En medio de la tensión por el mega Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía y la decisión del Gobierno de no prorrogar las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo evalúa por estas horas publicar un nuevo DNU para dar luz verde a la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La posibilidad de un DNU, según confiaron fuentes del Ejecutivo y del Congreso, encendió las alarmas de la oposición no kirchnerista, que ayudó a la minoría oficialista a apurar el dictamen del proyecto en cuestión. La Casa Rosada necesita mostrarle al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) un avance sobre este tema, ante la inminente evaluación a finales del corriente mes. El objetivo es no quedar una vez más en la temida “lista gris” del organismo.

Desde el jueves, legisladores de bancadas anti cristinistas destilaron furia con el Gobierno, ya que existía un compromiso firme del Ejecutivo para prorrogar las extraordinarias y, el viernes 23, concretar la sesión preparatoria -por reglamento- y otra especial para sancionar la ley contra el lavado de activos. De hecho, además estaba la palabra de la oposición para no habilitar, con dos tercios, un eventual pedido del Frente de Todos para discutir el mega DNU que desregula la economía.

Desde el jueves, legisladores de bancadas anti cristinistas destilaron furia con el Gobierno, ya que existía un compromiso firme del Ejecutivo para prorrogar las extraordinarias y, el viernes 23, concretar la sesión preparatoria -por reglamento- y otra especial para sancionar la ley contra el lavado de activos. De hecho, además estaba la palabra de la oposición para no habilitar, con dos tercios, un eventual pedido del Frente de Todos para discutir el mega DNU que desregula la economía.

El proyecto en cuestión fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza con el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores silvestres como los renovadores misioneros, el oficialismo se llevó el dictamen de la iniciativa en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda.

La previa de dicho cónclave fue la intervención de la propia Casa Rosada para convencer a la oposición no kirchnerista de avanzar con un dictamen y saldar, con la reglamentación de la ley, algunos puntos que fueron advertidos no sólo en Diputados, sino también durante el plenario de comisiones concretado en el Senado. Uno de ellos es la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), con injerencia clave del Ministerio de Economía.

En concreto, el artículo en lupa impone: “Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.

Infobae

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