La noticia cayó por sorpresa en los tribunales federales: el vocero Manuel Adorni terminaba de anunciar en conferencia de prensa que el gobierno nacional propondrá “crear una fiscalía especial que se encargue de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”. El detalle aludía a “todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”, poniendo el foco en “los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”.
Para el momento del anuncio, el Gobierno no se había comunicado con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para comentar la iniciativa. La llamada llegó después de las dos de la tarde. El viceministro de Justicia Sebastián Amerio llamó al secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, para invitarlos a trabajar “mancomunadamente” en el proyecto para crear una estructura “sin superposición de funciones y competencias”, revelaron a este medio fuentes judiciales.
En Comodoro Py 2002, los pocos funcionarios que circulaban en medio de la feria judicial miraban extrañados y revisaban los portales para tratar de entender los detalles de la movida. Incluso les llamaba la atención que se hablara de funcionarios provinciales. “¿Sabrán que a los funcionarios provinciales los investigan jueces provinciales?”, deslizaban no sin malicia.
“¿Para qué tienen la Oficina Anticorrupción si no es para analizar los patrimonios y convertirlos en denuncias que los fiscales investiguen?”, se preguntó uno de los funcionarios federales al leer la información.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya había anunciado y sostenido en el Congreso la decisión de que reparticiones como la OA o la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no impulsaran como querellantes causas de corrupción, en una estrategia distinta a la que llevó adelante el Gobierno de Mauricio Macri en su gestión. Ese escenario fue bien leído por los fiscales, pero este anuncio los desconcertó.
“Una iniciativa inconsulta y hasta antieconómica a la hora de pensar en recursos. Si ya existen más de cien fiscales en todo el país, con unidades especializadas de la Procuración que los asisten en sus investigaciones cuando los convocan… Suena a delirio”, dijo una fuente consultada en Comodoro Py. Y agregó: “La ley del Ministerio Público necesita reformas más importantes que la creación de una fiscalía especializada en corrupción. Podrían avanzar en pensar la implementación del sistema acusatorio”.
Pero además las críticas apuntaban a que ya existe en el ámbito de los fiscales una oficina encargada de controlar los Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, aunque con algunas diferencias de los que planea el Gobierno.
Infobae
