Luego de intensos tironeos, que incluyeron hasta una amenaza de allanamiento, la Cámara de Diputados bonaerense aportó ante la Justicia un listado de unas 400 personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa, donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo.
La Dirección de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados se resistía argumentando que se trata de datos personales y que la información no tiene relación “con el objeto de la causa” que tiene como protagonista a Julio “Chocolate” Rigau.
La fiscal Betina Lacki venía reclamando esos datos desde octubre para investigar cómo se gestionaban los contratos de los supuestos ñoquis que aportaban sus tarjetas de débito para retirar el dinero en los cajeros automáticos. Lacki hizo pedidos el 17 de octubre, el 24 de octubre, el 5 de diciembre, el 19 de ese mes, y el 28 de diciembre directamente amenazó con allanar las oficinas de la Cámara baja si no le entregaban la nómina de todos los empleados de la estratégica Secretaría Administrativa, a cargo de Miguel Antonio De Lisi, un funcionario que llegó a ese puesto de la mano de Juan Pablo de Jesús, ex intendente del Partido de la Costa.
“La actitud reticente de colaborar con la Justicia por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resulta cuanto menos contraria al compromiso asumido del Estado Argentino en materia de corrupción”, se quejó la fiscal a fines de diciembre.
Sobre el argumentos de los datos personales, expuesto por la Dirección de Legal y Técnica, Lacki respondió en otro escrito que “el rechazo no cuadra en ninguno de los supuestos del art. 2 de la Ley de Habeas Data en tanto nos encontramos una investigación penal, lo que obliga al cuerpo legislativo a colaborar con el órgano judicial”.
La respuesta finalmente aterrizó en Tribunales el 4 de enero, pero recién fue cargada al sistema informático en las últimas horas. Son 8 carillas donde figura el nombre y apellido de cada empleado, su número de legajo, y la Dirección de la cual dependen.
