La decisión del Gobierno de dar de baja más de 150.000 planes sociales que presentaron irregularidades, luego de que una investigación judicial detectara que sus beneficiarios viajaron al exterior, ya está tomada. “Tenemos poca plata, no la podemos dejar para corrupción”, sintetizó uno de los funcionarios consultados por este diario. La decisión, que estuvo cerca de concretarse este último fin de semana, estaría próxima a ejecutarse, según aseguraron fuentes del Poder Ejecutivo.
Ante la consulta de este diario, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de quien depende la anterior estructura de Desarrollo Social, aseguraron que “no hay nada confirmado aún”. Sin embargo, en otras áreas sostuvieron que la decisión es un hecho y solo resta ver “cómo y cuándo se comunicará”.
Los planes Potenciar Trabajo que se acercan a la baja, al menos preventivamente, son aquellos que fueron detectados por el fiscal federal Guillermo Marijuan en octubre pasado, cuando Desarrollo Social todavía era Ministerio y su titular, la hoy diputada Victoria Tolosa Paz. De acuerdo al informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), el entrecruzamiento de datos entre beneficiarios del Plan Potenciar y los de la Dirección Nacional de Migraciones arrojó que 159.919 de ellos presentaban salidas del país en distintos medios: aviones, cruceros, autos, yates, al mismo tiempo que cobraban planes. Un incompatibilidad con los requisitos de vulnerabilidad que establece el Estado para otorgar los planes.
Por eso Marijuan presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py, donde por sorteo inicialmente recayó en el juzgado de María Servini y el fiscal Franco Picardi. Al recibir la denuncia, Servini consideró que debía acumularse, por conexidad con la que ya tenía su par, Julián Ercolini, que investiga a otro grupo más de 253.000 beneficiarios luego de que un informe de la AFIP detectara que cobraban el plan pero tenían, entre otras incompatibilidades, más de una propiedad a su nombre, habían comprado dólares y hasta había personas fallecidas en los listados. Ambos expedientes tramitan ahora de forma conjunta y están delegados en la fiscalía 8, que subroga Eduardo Taiano.
Capital Humano pidió a la Justicia la nómina de personas bajo la lupa, para “analizar y actuar”. En tiempos de la administración de Tolosa Paz se insistía con que muchas de las personas que figuraban como entrando y saliendo del país era porque vivían en zonas de frontera y que, por ende, sus actividades diarias los ubicaban entrando y saliendo del país. Entonces se decidió suspender el cobro del plan de poco más de 1000 personas a las que se consideraba que viajaron a destinos “onerosos”. Ahora, la baja, al menos preventivamente, alcanzaría a todos los demás.
Esa decisión de evaluar y ajustar los planes sociales con presuntas irregularidades se da a la par de la auditoría que comenzó Capital Humano a comienzos de año, para conocer en detalle el universo de beneficiarios y sus condiciones. Ese trabajo daría lugar a un eventual reempadronamiento de los planes sociales, en caso de algún error que se pueda detectar para subsanar si la baja no obedece a un acto irregular.
El Ministerio de Capital Humano dio de baja en las últimas horas un total de 4588 planes. La cifra se definió en base a irregularidades detectadas también por Marijuan, “luego del entrecruzamiento de la base de datos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de empleados públicos de 14 provincias”.
Al menos hasta tanto se tenga terminada la auditoría, que se extenderá por los próximos tres meses, la Justicia colaborará con el Poder Ejecutivo mensualmente.
En su único mensaje público hasta ahora, Pettovello, apuntó a la quita de planes sociales para quienes corten calles en el marco de protestas, confirmó que comenzarían “a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales”, lo que sucedió en los últimos días, y anunció el desplazamiento de los intermediarios de los movimientos sociales. Un punto que en el Gobierno consideran fundamental, pero que hasta los funcionarios ahora asociaron al éxito de medidas de dudoso impacto. La primera, que el pago de los planes sociales se haga mediante tarjetas, algo que ya se realiza desde hace años, porque la bancarización opera para todos los programas de asistencia nacionales, salvo la entrega de bolsones de alimentos y materiales de construcción. La segunda, quitarle a las organizaciones sociales el poder de “tomar asistencia” en los lugares de trabajo de las cooperativas, situación que solo podría aplicarse en las cooperativas de trabajo y construcción, que son cada vez menos y en muchos casos llevan meses sin recibir fondos y materiales.
