El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció ayer lunes en la audiencia pública convocada por el Enargas que el Gobierno buscará reducir fuertemente los subsidios en las tarifas de gas en los próximos tres meses y que habrá cambios en la forma de segmentación a partir de abril próximo.
En su presentación, Rodríguez Chirillo advirtió los usuarios de gas pagan en la actualidad solo el 17,5% del costo de producción. En números concretos, se abona a través de las boletas el equivalente a 0,7 dólares el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), cuando el costo promedio es 4 dólares.
“El 82,5% restante lo pagan todos los ciudadanos, tengan o no suministro a través del presupuesto nacional que se traduce en menores jubilaciones, menor presupuesto para la salud, la educación y mayores impuestos”, dijo Rodríguez Chirillo.
En este sentido, adelantó que habrá un “traslado gradual” del costo del gas a las tarifas finales “para la readecuación progresiva de subsidios”. Y aclaró que se quitará un 33% del subsidio en los inicios de cada mes de febrero, marzo y abril hasta llegar a pagar el costo total. Es decir, los usuarios pasarán de pagar 0,7 dólares el millón de BTU a 4 dólares en tres meses.
Rodríguez Chirillo no brindó sin embargo precisiones sobre cómo será el impacto final de los aumentos en las tarifas.
El costo de producir gas es uno de los cuatro segmentos que componen el precio final de las boletas de gas y el de mayor incidencia a la hora de conformarse el precio final que paga el usuario. Además, se incluye el costo de transporte del gas de los lugares de producción a los centros de consumo; el costo de distribución del gas en los hogares, y los impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Sin embargo, el costo del gas es el que más peso tiene en el precio final, ya que representa alrededor del 36% del valor total de las boletas. El transporte significa el 12,5% del precio final, la distribución, el 26,2%, y los impuestos, 24,7%.
Al traslado del precio PIST se suma el reclamo de las compañías distribuidoras que reclamaron subas que llegan al 700%.
De acuerdo con los planteos presentados por las distribuidoras, la recomposición de tarifas debería de ser de al menos el 350% para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero todavía más altas en el interior del país.
También reclaman un mecanismo de actualización automática calculada sobre la base de la inflación mayorista.
