El Gobierno provincial, a través de un decreto, inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades ante presuntas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada en relación con la percepción ilegítima de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo.
Con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, el instrumento legal surge en respuesta al Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, por la cual se suspendió el pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares de todo el país del Programa «Potenciar Trabajo», de los cuales 956 corresponden a Tucumán.
Estos beneficiarios fueron señalados en la investigación por incompatibilidades en la percepción de los beneficios del programa con las remuneraciones de empleados estatales en 14 provincias.
Deslinar responsabilidad
La investigación, iniciada en el ámbito de Tucumán, busca deslindar responsabilidades por las supuestas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales, y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL). Los 956 presuntos casos de incompatibilidad contemplan diversas instancias gubernamentales.
El decreto reza: “Corresponde señalar que las incompatibilidades en la percepción de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo se originaron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29/10/2023″.
A través del instrumento legal, el Gobierno de Tucumán instruyó a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30 días, eleve las Conclusiones Finales y el eventual Capítulo de Formulación de Cargos. Asimismo, los Ministros de Educación y Seguridad tienen la misma instrucción respecto al personal de sus dependencias.
