Finalmente el gobierno nacional difundió el informe de los gastos del primer protocolo antipiquete: aseguró que costó alrededor de $60.000.000 y confirmó que “se les pasará la factura” a los grupos que impulsaron la marcha del 20 de diciembre.
El vocero presidencial Manuel Adorni detalló que se identificó la participación de 14 organizaciones y las enumeró: Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.
“Se denunció el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, detalló el portavoz en la rueda de prensa diaria que ofrece en Casa Rosada. La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
En el mismo sentido, Adorni precisó que en la línea 134, que fue habilitada para que los beneficiarios de planes sociales denuncien aprietes o amenazas de los punteros políticos por no participar en las marchas, “se recibieron 16.150 llamadas, de las cuales hay 1.200 que se encuadraban dentro de la tipología señalada” en la presentación judicial.
