El decreto, emitido y firmado la noche del sábado por Boluarte, precisó que en Puno, donde se registró hace una semana casi la mitad de todos los fallecidos en las protestas tras violentos enfrentamientos con la policía, se impuso además un toque de queda por ocho horas durante 10 días.
El Gobierno había decretado el estado de emergencia por un mes a mediados de diciembre, poco después de que estallaran las protestas por la destitución y arresto del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.
En las manifestaciones se exige la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la redacción de una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras lo investigan por “rebelión”.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo de visita en Perú hace unos días para hablar con los familiares de las víctimas, el Gobierno y organizaciones civiles exhortó el cese de la violencia y al diálogo en el país que, dijo, transita por una etapa “muy complicada”.
Las manifestaciones se han concentrado en las regiones mineras del sur de Perú, pero desde los últimos días miles de personas han salido además a las calles de Lima para protestar contra el Gobierno y reclamar un pronto adelanto de elecciones generales en busca de salir de la crisis.
“PERDÓN”
El sábado, los manifestantes marcharon por el distrito residencial de Miraflores en Lima, alzando banderas nacionales roja y blanca y bandera negra en señal de luto. Otra personas llevaban pancartas con lemas contra Boluarte.
