Privatizaciones: hasta ahora el Gobierno detectó 129 empresas donde el Estado tiene participación

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas sigue incorporando compañías estatales que serán transferidas al sector privado mediante distintos mecanismos. En la actualidad, el área que dirige Diego Chaher tiene bajo análisis el destino de 62 empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, otras 59 en las que cuenta con una presencia minoritaria y otras 8 en proceso de liquidación, según el listado al que tuvo acceso exclusivo Ámbito.

Se trata, hasta el momento, de 129 empresas de todo tipo de las que piensa retirarse el Estado apelando a distintos procedimientos. “Y, puede haber más”, confiesan en el entorno presidencial.

Las compañías más relevantes bajo estudio son, entre otras, a Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, media docena de empresas de ferrocarriles, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA) y la Televisión Pública.

El criterio que manejan las autoridades a cargo del área va más allá del simple proceso de privatización. De manera sintética, apunta a analizar la situación de cada una de estas empresas, ver qué segmentos tienen valor y evaluar las mejores formas para que estas actividades pasen al sector privado. Aunque también la intención es usar estos activos para canjear deudas que tiene la Nación con las provincias.

La intención es “ordenar las cuentas de Nación y de las provincias”, dijo días atrás el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. El objetivo oficial es netear las deudas entre la Nación y las provincias, aunque “sin plata”. Esta es la razón por la cual la negociación estará abierta a todo tipo de propuestas.

En la mesa de negociación se evaluará el pago de deudas de la Nación con herramientas como: transferencias de empresas nacionales cuya actividad se desarrolla en la provincia; acciones de empresas nacionales; terrenos fiscales, o rutas nacionales que luego “sirven a las provincias para concesionar y mejorar su infraestructura”, explicó. Bajo este paraguas, y a modo de ejemplo, por caso, Córdoba se mostró interesada en la Fábrica Argentina de Aviones.

El gobierno de Milei aspira a que la mayoría de las empresas estatales pasen a manos privadas, incluso cuando se utilicen como pago de las deudas de la Nación con las provincias y será un punto que se pondrá en la mesa de negociación.

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