En primer lugar, Castelli recordó que “hay un riesgo de reintroducción permanente de estos virus ya que siguen circulando en el resto del mundo. Hubo brotes de sarampión en Brasil, Estados Unidos, los países asiáticos y Europa; de hecho en la Región de las Américas, Brasil y Venezuela perdieron su estatus de libres de sarampión”.
Otro tema no menor es la disminución de las coberturas de vacunación: según datos del Ministerio de Salud, mientras que en 2016 la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión era del 90,6% (e incluso en 2018 se había alcanzado el 94,5% gracias a una campaña), para 2020 la cobertura de la primera dosis fue del 77,3%, y de la segunda dosis del 71,4%.
Si bien esto fue consecuencia de la pandemia, en 2021 casi no hubo recuperación de estos porcentajes: la cobertura de la primera dosis quedó en 77,2% y de la segunda en 78,2%.
“Cuando no tenemos los niveles de cobertura óptima que son del 95% cada cuatro años calculamos que se acumulan muchos susceptibles, entonces se realizan estas campañas de “seguimiento” que apuntan a vacunar a todos en un período corto de tiempo”, explicó Castelli.
Y añadió que “por otra parte, también tenemos una baja sensibilidad del sistema de vigilancia, que si bien se viene reforzando hay que seguir mejorando. Lo que permite esto es que si se detecta un caso de pueden desarrollar estrategias rápidas que frenen la transmisión”.
“Todos estos factores determinar riesgo alto de brotes, tanto de sarampión, rubéola y paperas como de polio; por eso es clave que la población acerque a sus hijos a vacunarse”, señaló.
“Queremos que sea una campaña que llegue a toda la población así que apuntamos a que sea extramuros, es decir, que salga de los hospitales y centros de salud y se instalen en los clubes, en las plazas, etc.; en ese contexto, vamos a dialogar con el Consejo Federal de Educación la posibilidad incluso de que se vacunen en las escuelas”, concluyó Vizzotti.
El presupuesto para esta Campaña de Seguimiento, que se lanzará el 1 de octubre en Tecnópolis, fue de más de 2.800 millones de pesos, de los cuales 283 millones se transfirieron a las provincias para que puedan implementarla.
