La Provincia refuerza el tratamiento de adicciones para prevenir el delito

En conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo, afirmó este martes que de acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial, el 95% de las personas que comente delitos, son adictos. Las declaraciones se dieron en el marco del análisis de las medidas de seguridad que se llevan adelante en la provincia y afirmó que el Gobierno trabaja coordinadamente con todas las instituciones que tratan el consumo problemático para un tratamiento integral.

Todo lo relacionado con adicciones lo vamos a abordar tanto desde la seguridad como desde la salud. La persona que consume, es una persona enferma que hay que curarla y reinsertarla en la sociedad”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo.

Y explicó: “Vamos a profundizar el enfoque de recuperar a las personas que toman drogas y consumen alcohol, a través de diferentes programas”. En esa línea, adelantó que el jueves a las 9 de la mañana citó a representantes de más de 25 organizaciones intermedias que trabajan en la problemática en la provincia con la reinserción de adultos, jóvenes y niños que consumen drogas.

“Lo vamos a complementar con lo que viene haciendo el Estado a través de distintos programas de reinserción. Trabajamos por medio de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, y también queremos sumar a las organizaciones civiles para potenciar este trabajo”, aseguró Jaldo y agregó que esta decisión “permitirá llevar estadísticas únicas en la provincia de cuántas personas están en esas condiciones”.

A su turno, la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga, explicó que “las adicciones son un problema que merece un tratamiento desde todos los sectores porque son muchas las causas para que un enfermo llegue a esa condición”.

Si bien la mayoría del tratamiento recae en el Sistema Provincial de Salud, desde el área social descentralizamos la atención a través de los centros de prevención primaria para enfermos adictos como son los CEPLAS”, contó la funcionaria.

En toda la provincia, en el interior y la Capital, dijo la ministra, “también hay centros de primera escucha donde las personas que tienen problemas de consumo o sus familiares, pueden acceder a estos servicios y se les da una primera orientación de cómo continuar con el tratamiento o cuales podrían ser las formas y las herramientas para que la persona que tiene problemas de adicción pueda llegar a la atención pública”.

Malaga remarcó que el tratamiento debe ser voluntario. “La persona tiene que tener la posibilidad de decidir y la capacidad de elegir iniciar este camino de tratamiento”, señaló y destacó que el trabajo de lugares conocidos como fazenda “donde hay otro tipo de tratamiento que no es médico pero que hay personas que eligen y tienen buen resultado” con los que también se trabaja.

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